El traslado de más de nueve billones de pesos de Colpensiones para financiar la pensión de trabajadores catalogados como de alto riesgo abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano. Se trata de recursos que se utilizarán para cubrir a policías, bomberos, mineros y otros oficios cuya naturaleza obliga a una jubilación más temprana que el resto de los trabajadores.
El Ministerio de Trabajo explicó que el monto responde a una obligación legal que Colpensiones debía asumir y que garantiza la continuidad del pago para más de 72 mil personas en este régimen especial.
El giro, sin embargo, reaviva el debate sobre la presión que estas transferencias ejercen sobre las finanzas públicas. Analistas y exministros han señalado que, aunque es un derecho adquirido por quienes cotizan en actividades de alto riesgo, los movimientos de semejante magnitud tensionan el equilibrio entre sostenibilidad y cobertura. Desde los fondos privados de pensiones se ha advertido que medidas de este tipo ponen en evidencia la urgencia de una reforma integral que unifique reglas y aclare de dónde saldrán los recursos futuros para quienes aún no cumplen la edad de retiro.
Colpensiones respondió que la transferencia no debe leerse como un desequilibrio inmediato, sino como la aplicación de un mecanismo previsto en la ley que protege a un sector laboral vulnerable. No obstante, el monto supera ampliamente giros anteriores y marca un hito que se suma a la ya agitada discusión pensional, justo en medio de las tensiones políticas por la reforma que cursa en el Congreso. La pregunta de fondo es si el país puede seguir atendiendo estas obligaciones de manera reactiva o si se requiere un rediseño estructural que dé sostenibilidad en el largo plazo sin sacrificar derechos adquiridos.
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