¿Puede una ley diseñada para proteger al trabajador terminar quitándole oportunidades de empleo? Esa es la pregunta incómoda que dejó flotando Julián Domínguez, presidente saliente de Confecámaras, durante el congreso del gremio en Cartagena.
La afirmación fue tan tajante como inquietante: la reforma laboral vigente no está creando mejores condiciones, está destruyendo empleo.
La crítica no vino de un político en campaña, sino de la voz de uno de los gremios más influyentes del país. Según Domínguez, el cambio de reglas encareció la contratación, elevando los costos de las empresas justo en un momento en que la economía necesita dinamismo para sostenerse.
En otras palabras: se apagó el motor de la generación de empleo formal y, con él, las posibilidades de crecimiento de miles de compañías.
“Con la reforma laboral hubo un cambio de reglas de juego que ha encarecido muchísimo la actividad económica e, incluso, se está destruyendo empleo”, afirmó Julián Domínguez en su discurso de despedida, en el que trazó un balance crítico del panorama empresarial.
El mensaje golpea de frente a las pequeñas y medianas empresas, que suelen ser las más sensibles a los cambios en costos laborales.
Cada peso adicional en la contratación puede marcar la diferencia entre expandirse o recortar personal.
Si a esto se suma un consumo que avanza más rápido que la producción y una brecha creciente cubierta con importaciones, la advertencia cobra mayor dimensión: la economía no solo enfrenta un reto de competitividad, también uno de sostenibilidad en el empleo.
Domínguez cerró su intervención con un llamado que sonó a campanazo gremial: revisar los impactos reales de la reforma antes de que se profundice la pérdida de puestos de trabajo.
No fue un mensaje contra la protección de los trabajadores, sino una alerta sobre el costo de hacerlo de una manera que, en la práctica, termina dejando a más colombianos por fuera del mercado laboral formal.
