Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, señaló a través de su cuenta en X que “el presupuesto presentado por el Gobierno para aprobación del Congreso, por $557 billones, equivale al 28,8% del PIB, el segundo más alto en la historia, solo superado por el de 2024 (29,5% del PIB). Esto implica un crecimiento del 9% frente al presupuesto de 2025 ($511 billones), más del doble de la inflación esperada para 2026 (3,9%)».
Asimismo, indicó que «ante la delicada situación fiscal, es fundamental discutir un presupuesto más austero, que evite repetir los problemas de los últimos años: un recaudo insuficiente para financiar el gasto y crecientes tensiones de liquidez en la caja del Gobierno».
Recordemos que en días anteriores, en la apertura del primer debate del Presupuesto General de la Nación para 2026, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que el Gobierno presentará una reforma tributaria con el objetivo de regresar a la senda de cumplimiento de la regla fiscal. La iniciativa incluirá ajustes en el IVA aplicado a bienes y servicios consumidos principalmente por personas de mayores ingresos, aumento en la progresividad de los impuestos sobre renta y patrimonio, nuevos gravámenes al tabaco y al alcohol, y modificaciones en los tributos al carbono y al consumo. Ávila aclaró que la canasta familiar no será objeto de cambios.
El presupuesto proyectado para 2026 asciende a $557 billones, con ingresos y rentas de capital por $530 billones y una expectativa de recaudo adicional de $26,3 billones a través de la nueva ley de financiamiento. Según el ministro, el plan busca garantizar la sostenibilidad fiscal durante el próximo cuatrienio.
De acuerdo con Ávila, los gastos inflexibles de la política fiscal alcanzarán $509 billones en 2026, equivalentes al 91,4% del presupuesto. Entre estos se encuentran el servicio de la deuda por $102 billones, el Sistema General de Participaciones por $88,3 billones, pensiones por $87 billones y gastos de personal por $66,7 billones, de los cuales el 81% corresponde a defensa, policía, rama judicial, Fiscalía y órganos autónomos. Otros rubros inflexibles incluyen aseguramiento en salud por $51 billones, vigencias futuras por $15,3 billones, rentas de destinación específica por $19 billones y compromisos con establecimientos públicos nacionales por $28 billones.
El ministro advirtió que cumplir con la regla fiscal en un solo ejercicio presupuestal requeriría un ajuste del 3,6% del PIB, lo que tendría efectos sobre el crecimiento económico, el empleo y la inflación, por lo que el Gobierno decidió activar la cláusula de escape. Ávila atribuyó gran parte del déficit fiscal a los subsidios al combustible financiados a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que entre 2022 y 2025 sumaron $79,6 billones, a los subsidios a la energía y el gas por $18,2 billones y a pagos por $22,9 billones correspondientes a la amortización del crédito flexible del FMI solicitado durante la pandemia.
El presupuesto de 2026 se construyó bajo supuestos macroeconómicos de un crecimiento del PIB de 2,7% en 2025 y 3,0% en 2026, con una inflación proyectada de 4,5% y 3,2%, respectivamente. La tasa de cambio promedio se estima en $4.265 para 2025 y $4.408 para 2026. Los ingresos para 2026 se estiman en $501 billones, con un incremento de 8,1% frente al aforo de 2025, de los cuales $303 billones corresponden a ingresos corrientes y $176 billones a recursos de capital. En gastos, $365 billones se destinarán a funcionamiento, $88,7 billones a inversión y el servicio de la deuda se reducirá en 9%.
Ávila concluyó que el Gobierno propondrá un pacto fiscal orientado a equilibrar las finanzas públicas más allá de un solo año de gestión, con el fin de fortalecer la sostenibilidad económica, la inversión en infraestructura, la cobertura en educación, salud y servicios públicos, así como el tránsito hacia energías limpias y sistemas de movilidad más eficientes.
