¿Y si la reforma pensional no afectara solo las pensiones, sino el propio ahorro del país?
Mientras el debate público se quedó en quién recibe y cuánto, los números muestran algo más inquietante: Colombia podría dejar de acumular $169,7 billones hacia 2040, según cálculos de ANIF.
Traducido a escala política, eso equivale a unas 10 reformas tributarias completas.
El punto de partida no es menor. En 2024, las AFP administraron $464,9 billones, cerca del 27,3% del PIB, con una rentabilidad promedio del 9,8%, la más alta entre los países de la OCDE.
Pero la Ley 2381 de 2024 cambia las reglas: quienes ganen menos de 2,3 salarios mínimos cotizarán en un fondo público (FAPC), y solo los ingresos por encima de ese umbral irán a las AFP.
El efecto es claro: una desacumulación progresiva del ahorro privado. En 2026, la pérdida sería de $0,79 billones, y la brecha crecería cada año.
Ese menor flujo de recursos reduce la capacidad del país para financiar proyectos productivos, encarece el crédito y limita la inversión de largo plazo.
El ahorro, en última instancia, sostiene la estabilidad y la inversión nacional. Si se debilita, también se debilita la posibilidad de crecimiento sostenido. No es solo una discusión pensional: es una cuestión de futuro económico.
