Las principales empresas de licores de Colombia, tanto nacionales como internacionales, lanzaron un mensaje conjunto al Gobierno Nacional y al Congreso frente a la Reforma Tributaria que propone un aumento de hasta 40% en los impuestos a las bebidas alcohólicas.
El comunicado, firmado por pesos pesados como la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), Industria Licorera de Caldas, Empresa de Licores de Cundinamarca, Industria de Licores del Valle, y multinacionales como DIAGEO, Pernod Ricard y Brown Forman, advierte que esta medida podría tener efectos contrarios a los esperados: más trago ilegal, menos empleo y menor recaudo para los departamentos.
Un sector que mueve el 1,5% del PIB y más de 200 mil empleos
El negocio de los licores destilados no es menor: representa el 1,5% del PIB nacional y genera más de 200.000 empleos directos e indirectos, desde campesinos que cultivan la caña y el anís, hasta bartenders, meseros, músicos y operadores turísticos que viven del movimiento en bares, restaurantes, conciertos y ferias.
“Cada botella legal que se vende en Colombia paga impuestos que se traducen en salud, educación y bienestar. No se trata solo de tragos, se trata de país”, señalaron las empresas en su declaración.
El riesgo: que el trago ilegal se dispare hasta el 50%
Uno de los puntos más delicados del comunicado es el relacionado con el mercado ilícito.
Según las cifras del sector, hoy el 22,4% del licor consumido en Colombia es ilegal —contrabando, adulterado o sin registro sanitario—, y si se aprueba la reforma tal como está, ese porcentaje podría llegar hasta un 50%.
El argumento es claro: “encarecer el trago legal no reduce el consumo, lo desvía hacia canales ilegales que ponen en riesgo la salud de los colombianos”, dicen los productores.
Un golpe directo a la legalidad y a los ingresos departamentales
El gremio también pone sobre la mesa un impacto fiscal de grandes proporciones.
Cada año, la industria de licores aporta 3,9 billones de pesos al país, dinero que se destina principalmente a salud y educación.
Para ponerlo en contexto: esos recursos cubren el salario de unos 232.140 maestros y enfermeras en todo el territorio nacional.
La queja principal es que el aumento del impuesto recae solo sobre los licores destilados —aguardiente, ron, whisky, vodka— mientras que otras bebidas alcohólicas no tendrían un incremento equivalente.
Según los productores, esta medida penaliza al sector formal y legal, sin lograr el objetivo de salud pública que el Gobierno plantea.
Tradición, cultura y consumo responsable
Más allá de los números, las empresas recordaron que el consumo de aguardiente, ron o whisky hace parte de la idiosincrasia colombiana: los brindis en las ferias, las fiestas patronales, las celebraciones familiares.
Sin embargo, aclaran que promover el consumo responsable sigue siendo una prioridad, y que la industria ha invertido durante años en campañas y alianzas público-privadas para fomentar hábitos seguros.
“Hoy no hay marcas, hay país”
El mensaje final del comunicado es contundente y busca trascender la competencia comercial:
“Hoy no hay marcas, hay un país unido por la legalidad, el empleo, la cultura y la vida de los colombianos.”
Con esta declaración, el sector licorero espera abrir un espacio de diálogo con el Gobierno para buscar una reforma que no castigue la formalidad, no incentive el contrabando y no le quite recursos a los departamentos.
