La discusión del salario mínimo en Colombia para 2026 arrancó oficialmente y, como era de esperarse, llegó cargada de números, advertencias y tirones de cuerda entre Gobierno, sindicatos, gremios y centros de análisis. La mesa tripartita, instalada el 1 de diciembre por el Ministerio del Trabajo, es hoy el escenario donde se definirá el ingreso de más de 12 millones de trabajadores que dependen directamente de este ajuste.
Y sí: este año la tensión es mayor. De un lado, el Gobierno insiste en un incremento “real” y ambicioso; del otro, Fedesarrollo pone sobre la mesa un cálculo técnico —y bastante más moderado— que busca evitar sobresaltos macroeconómicos.
Gobierno: “un incremento vital para 12 millones de personas”
La instalación de la mesa tripartita la lideró el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien no dudó en poner el tono del Gobierno desde la primera frase:
“Reitero nuestra disposición para que tengamos una discusión lo más racional posible y podamos explorar la posibilidad de encontrar un incremento del salario mínimo por consenso”.
El ministro recalcó que el ajuste es un asunto vital:
“Por lo menos 12 millones devengan hasta un salario mínimo; el impacto sobre sus vidas es fundamental en términos de garantizarles un mínimo vital y de hacer justicia laboral”.
En su intervención, Sanguino pintó el panorama económico que hoy respalda la narrativa del Gobierno: un PIB creciendo 3,6 %, una inflación “controlada” y una tasa de desempleo de 8,2 %, la más baja del siglo según los registros oficiales. Con esto, el Ejecutivo defiende que los incrementos de años recientes —un aumento real de más del 17 % y nominal del 37,6 % durante esta administración— han sido motor del crecimiento económico.
La narrativa es clara: un aumento fuerte no solo es deseable, sino posible.
Fedesarrollo: moderación, técnica y un rango del 6 % al 7 %
Mientras tanto, la propuesta más comentada y sólidamente técnica llega desde Fedesarrollo, que ha insistido en un aumento entre 6 % y 7 % para 2026.
¿Por qué? Porque con una inflación cercana al 5,5 % y un dato de productividad laboral a la baja, cualquier incremento más agresivo podría elevar costos laborales, presionar la informalidad y ponerle piedras al zapato a la competitividad.
Con ese ajuste del 7 %, el salario mínimo pasaría de $1.423.500 a aproximadamente $1.523.145, sin contar subsidio de transporte. Una cifra prudente, dicen ellos, que evita incendiar expectativas macroeconómicas.
El mensaje del centro de pensamiento fue directo:
“El salario mínimo debe definirse por concertación y no por decreto”.
La advertencia es clara: si no hay acuerdo, y el Gobierno decide unilateralmente, el panorama económico podría tensarse.
La mesa: gremios presentes, gremios ausentes y cifras sobre la mesa
A la sesión asistieron los ministerios de Hacienda, Agricultura, Comercio, Función Pública, DNP y DANE; gremios como ANDI, Acopi, SAC y Asobancaria; y las centrales sindicales CUT, CGT y CTC. También estuvieron las confederaciones de pensionados, y el DANE presentó los datos clave de productividad y mercado laboral.
El único ausente ruidoso fue Fenalco. El ministro Sanguino lanzó un dardo directo:
“Lamentamos y reprochamos el pronunciamiento del señor Jaime Alberto Cabal (…) Comportándose más como un opositor político que como un líder gremial”.
Mientras tanto, destacó a los gremios que sí se sentaron:
“Saludamos que la ANDI, Acopi, la SAC y otros gremios hayan acogido la convocatoria”.
La discusión seguirá el 9 de diciembre, cuando Hacienda, el DNP, el Banco de la República, empleadores y sindicatos presenten sus cifras de productividad y sus propuestas concretas de aumento.
¿Qué está realmente en juego?
Aquí el análisis fino:
1. 12 millones de trabajadores dependen directamente de la decisión.
Eso convierte cada punto porcentual en un pequeño terremoto económico.
2. La inflación y productividad son las variables claves.
La inflación está en torno al 5,5 %, y la productividad laboral, según DANE, no da señales para justificar aumentos de dos dígitos.
3. Las posiciones están distantes desde el arranque.
- Gobierno: entre 10 % y 11 %, incluso con propuestas cercanas a $1.800.000.
- Fedesarrollo: 6 % – 7 %.
- Sindicatos: historial de pedir aumentos más altos, orientados a recuperar poder adquisitivo.
4. Si no hay acuerdo, el Gobierno decidirá por decreto.
Y ahí está el mayor riesgo institucional: romper el espíritu de concertación en la Comisión Permanente de Políticas Salariales.
Conclusión: ¿consenso o choque?
La discusión del salario mínimo 2026 arranca con un ambiente cargado pero no cerrado.
El Gobierno busca un aumento que consolide su narrativa social; Fedesarrollo empuja por prudencia macroeconómica; y los gremios están divididos entre participación activa y ausencias que generan ruido.
Lo que sí es claro es que esta mesa no solo definirá un número: definirá el tono económico y político de 2026.
Y, como dijo el ministro Sanguino, la idea es que el incremento se logre “lo más racional posible”.
Habrá que ver si lo racional coincide con lo posible… y con lo que cada sector está dispuesto a ceder.
