Durante años, las políticas dirigidas a la niñez en Colombia se concentraron principalmente en ampliar coberturas de salud, educación y protección. Sin embargo, empieza a consolidarse un cambio de enfoque: cada vez más gobiernos territoriales incorporan el juego como una herramienta para fortalecer el desarrollo infantil, prevenir violencias y construir entornos protectores.
No se trata únicamente de organizar actividades recreativas, sino de integrar metodologías que buscan desarrollar habilidades sociales, fortalecer vínculos familiares y mejorar la participación de niñas, niños y adolescentes dentro de las estrategias públicas.
Ese cambio quedó reflejado en los resultados de la celebración del Día de la Niñez 2026, presentados por la Corporación Juego y Niñez, organización que desde hace más de 26 años impulsa iniciativas para posicionar el juego como un derecho y un componente del desarrollo humano. A través de la estrategia Brújula 2026, la entidad acompañó a gobernaciones, alcaldías, instituciones educativas y comunidades en una movilización nacional que alcanzó a 29 gobernaciones, 857 municipios, 1.825.000 niñas, niños y adolescentes y 817.555 familias durante abril.
Más allá de la magnitud de la convocatoria, las cifras permiten identificar una tendencia relevante para la gestión pública. La participación de cientos de gobiernos locales muestra que el juego empieza a incorporarse como una herramienta de política pública para intervenir problemas relacionados con el bienestar emocional, la convivencia, la participación infantil y la prevención de violencias, especialmente en territorios donde las brechas sociales siguen siendo más profundas.
«Cuando hablamos de juego, hablamos de un derecho fundamental. Hablamos de una manera de ser y estar que permite a niñas, niños y adolescentes expresarse, aprender, fortalecer vínculos y desarrollar habilidades sociales. Estos resultados muestran que los territorios están reconociendo el juego como una vía concreta para promover su desarrollo, bienestar y cuidado», afirmó Irma Salazar, directora ejecutiva de la Corporación Juego y Niñez.
Uno de los indicadores que mejor refleja esa evolución está en el fortalecimiento institucional. Como parte de Brújula 2026, la Corporación Juego y Niñez formó a 1.711 servidores públicos de 29 gobernaciones y 665 municipios en capacidades técnicas, pedagógicas y de gestión para implementar acciones dirigidas a la infancia. El dato resulta relevante porque muestra que la estrategia no se limita a eventos puntuales, sino que busca dejar capacidades instaladas dentro de las administraciones públicas para dar continuidad a las políticas de niñez.
La apropiación territorial también empieza a observarse en escenarios muy distintos entre sí. En Atlántico, instituciones educativas adoptaron el juego como eje pedagógico mediante la estrategia Aulas que Protegen y Divierten. En Chocó, las acciones llegaron a comunidades indígenas y municipios del litoral Pacífico. Bolívar llevó experiencias terapéuticas basadas en juego y estimulación sensorial al Hospital Casa del Niño de Cartagena, mientras que Amazonas desarrolló actividades en poblaciones alejadas y de difícil acceso. La diversidad de estos casos sugiere que el modelo puede adaptarse a realidades sociales muy diferentes, un aspecto clave para las políticas públicas nacionales.
La estrategia también empieza a sustentarse en evidencia. La Corporación Juego y Niñez, en alianza con la Universidad Nacional de Colombia, desarrolló una investigación longitudinal durante cuatro años en seis ludotecas del país. El estudio encontró mejoras en habilidades sociales, empatía, autorregulación, creatividad, cooperación y convivencia. Entre los hallazgos más relevantes, niñas y niños que inicialmente presentaban dificultades para expresar sus emociones registraron avances de hasta 1,6 puntos en habilidades sociales frente a quienes no participaron en estos espacios. Más allá del dato académico, este tipo de evidencia aporta argumentos para que las administraciones públicas consideren el juego como una inversión preventiva y no únicamente como una actividad recreativa.
Para la Corporación Juego y Niñez, el siguiente paso consiste en consolidar la infancia como una prioridad permanente dentro de la planeación territorial y no solamente durante las celebraciones anuales.
«La niñez debe tener un lugar más claro en la planeación territorial. Cuando una alcaldía o una gobernación incorpora el juego, la participación y la crianza amorosa en sus programas, también fortalece la convivencia, el cuidado, la salud emocional y la prevención de violencias», agregó Salazar.
El crecimiento de este tipo de iniciativas también refleja una discusión más amplia sobre la eficiencia de la inversión social. En la medida en que las administraciones territoriales fortalecen estrategias preventivas desde la primera infancia, disminuye la dependencia de políticas centradas únicamente en atender consecuencias posteriores asociadas a violencia, deserción escolar o problemas de salud mental. El juego empieza así a ocupar un lugar diferente dentro de la política pública: deja de entenderse como un complemento de la recreación y comienza a consolidarse como una herramienta para desarrollar capital humano, fortalecer la cohesión social y mejorar las capacidades de las comunidades desde las primeras etapas de la vida.
En ese contexto, el trabajo desarrollado por la Corporación Juego y Niñez trasciende la organización misma. Sus resultados ofrecen una fotografía de un cambio más amplio en la forma como gobernaciones, alcaldías e instituciones empiezan a concebir las políticas para la infancia. Si la tendencia se mantiene, el impacto no se medirá únicamente por el número de actividades realizadas, sino por la capacidad de incorporar el desarrollo infantil como un componente estratégico de la gestión pública y del desarrollo social del país.
