La discusión sobre una mayor carga fiscal a las universidades privadas abre una ventana incómoda pero necesaria: la sostenibilidad del sistema mixto de educación superior en Colombia. Desde la voz del Padre Harold Castilla Devoz, vicepresidente de ASCUN, el punto de partida es claro: hay una oportunidad de ordenar las finanzas públicas, pero también el riesgo de intervenir sin entender la lógica de un sector que no opera bajo los mismos principios que una empresa comercial. Aquí, cada peso que entra tiene un destino directo en formación, infraestructura o acceso.
El obstáculo, según expone el vocero, radica en una lectura simplificada del sistema. Gravar a estas instituciones como si fueran compañías con fines de lucro implica desconocer su naturaleza jurídica y su rol en el Estado social de derecho. Como él mismo lo advierte, se trata de una «profunda incomprensión sobre la naturaleza jurídica, social y constitucional de la educación», lo que pone en tensión un modelo que ha sido clave para ampliar cobertura donde la oferta pública no llega.
La decisión que hoy se discute no es menor. Equiparar ingresos con utilidades cambia por completo la ecuación financiera de instituciones que, por diseño, no distribuyen dividendos. Tal como explica Castilla Devoz, «Los excedentes, cuando los hay, se reinvierten en infraestructura, investigación, bienestar estudiantil, subsidios educativos, tecnología y expansión territorial». En términos prácticos, esto significa que cualquier presión adicional sobre los ingresos afecta directamente la capacidad de reinversión, no una rentabilidad para accionistas inexistentes.
El resultado potencial ya tiene una dimensión cuantificable. Más de 1,2 millones de estudiantes dependen de este ecosistema, que además opera con márgenes operativos estrechos. Casos como UNIMINUTO, con más de 90.000 estudiantes —principalmente de ingresos bajos y medios—, muestran cómo el impacto no es abstracto: son jóvenes en territorios donde la educación superior es una puerta escasa. En ese contexto, la presión fiscal no se diluye en balances, se traduce en decisiones concretas sobre cobertura, calidad o costos.
El análisis se vuelve más crítico cuando se observa el efecto en cadena. Castilla Devoz lo plantea sin rodeos: se está confundiendo la estructura financiera del sector. La advertencia es directa cuando afirma que la educación no puede convertirse en una «variable de ajuste fiscal ni en un símbolo ideológico». En la práctica, esto implica que cualquier cambio tributario mal calibrado puede terminar trasladándose a matrículas, reducción de inversiones o limitaciones en expansión territorial.
El resultado, entonces, deja de ser una discusión técnica y se convierte en un tema de acceso. «La paradoja es evidente: en nombre de la equidad se podría terminar reduciendo acceso, limitando inversión en calidad o encareciendo indirectamente la educación para quienes más necesitan oportunidades», señala el vocero. En términos de política pública, esto pone sobre la mesa una tensión clásica: cómo equilibrar recaudo sin afectar los motores de movilidad social.
El cierre del análisis apunta a una decisión estructural: reconocer que la educación superior privada no es un actor marginal, sino un aliado del Estado en cobertura y regionalización. La sostenibilidad del modelo depende de reglas claras, transparencia y rendición de cuentas, pero también de entender que cualquier presión adicional sobre estas instituciones termina impactando directamente a las familias. En un sistema donde cada cifra representa estudiantes reales, la discusión fiscal deja de ser contable y se convierte en una apuesta por el futuro del país.
