Cuando un Gobierno identifica desde antes de asumir dos zonas concretas como prioridades de seguridad, el anuncio deja de ser una declaración general sobre orden público y empieza a mostrar dónde concentrará sus primeros esfuerzos. Abelardo De La Espriella anunció que el 7 de agosto presentará ante la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas una estrategia preparada con el general Mora y un equipo de expertos, con el Suroccidente colombiano y el Catatumbo como territorios prioritarios.
La estrategia tendrá como objetivos recuperar la soberanía territorial, proteger a los ciudadanos y enfrentar la delincuencia y el narcoterrorismo, según el comunicado del presidente electo. El énfasis territorial importa porque el Gobierno no está planteando la seguridad únicamente como una política nacional, sino como una intervención concentrada en regiones donde busca restablecer la autoridad y la presencia efectiva del Estado.
Ese enfoque también tiene una dimensión económica, aunque el comunicado todavía no entrega cifras de inversión, presupuesto o metas operativas. Cuando la inseguridad afecta una región, sus consecuencias pueden alcanzar transporte, comercio, inversión e infraestructura, de modo que recuperar condiciones de seguridad también puede convertirse en una condición para que la actividad productiva opere con mayor normalidad.
Barranquilla tendrá un nuevo centro de decisión
Mientras la estrategia será presentada ante la nueva cúpula militar, el Gobierno anunció además una Sala de Crisis en la sede presidencial de Barranquilla, desde donde pretende coordinar operaciones y tomar decisiones en tiempo real frente a situaciones que afecten la seguridad y el orden público. La estructura estará articulada con la Fuerza Pública y las autoridades competentes.
La decisión introduce una apuesta por descentralizar también la gestión de la seguridad, porque la sede de coordinación estará fuera de Bogotá y tendrá como función conectar información, autoridades y operaciones. Todavía no se conoce cómo funcionará, qué recursos tendrá ni cuáles serán sus indicadores de desempeño, por lo que su efectividad tendrá que medirse en la práctica.
La prueba será sostener la presencia
Cuando De La Espriella afirma que llevará la acción del Estado a regiones que han permanecido durante años bajo el dominio de estructuras criminales, el desafío no termina con recuperar temporalmente el control de un territorio. La dificultad estará en sostener la presencia institucional y conseguir que seguridad, justicia y actividad económica puedan funcionar de manera permanente.
Por ahora, el Gobierno ha definido prioridades geográficas y una estructura para responder con mayor rapidez, pero todavía faltan presupuesto, cronograma, metas e indicadores para conocer el alcance real de la estrategia. El 7 de agosto será, por eso, el primer momento para saber si esta nueva política de seguridad será solamente una reorganización operativa o si realmente busca cambiar la forma en que el Estado recupera y mantiene el control territorial.
